May

29

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : May 29, 2012

El Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6929.pdf) suprime las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.

Esta medida solo afecta a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo del real decreto-ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados.

Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios afectados por este Real Decreto no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente.

Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la administración competente a los solos efectos informativos.

No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra. Esto no será aplicable a las obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento, por su normativa correspondiente.

Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables o bien por comunicaciones previas:

a)      Declaración responsable: se trata de un documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

b)      Comunicación previa: se trata de un documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables o las comunicaciones previas se tramitarán conjuntamente.

Los sectores afectados por este Real Decreto son:

a)      Actividades comerciales: textil (fabricación y venta), alimentos, tabaco, droguería / limpieza, perfumería, herbolarios, pintura y decoración, muebles, electrodomésticos, electricidad, ferretería, materiales de construcción, puertas y ventanas, bricolaje, vehículos (de tierra, mar y aire), maquinaria, música, numismática, libros y prensa, joyería, juguetes, deporte, agricultura y sex shop.

b)      Prestación de servicios: reparaciones de artículos eléctricos, agencias de viaje, promotores inmobiliarios, alquiler de inmuebles, tintorerías, peluquerías y fotografía.

Abogados Derecho de la Construcción

May

23

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : May 23, 2012

EL PROCESO MONITORIO PARA RECLAMACIÓN DE CRÉDITOS COMERCIALES

Si le dijeran que, como autónomo o empresario, dispone de un medio judicial rápido y barato para poder cobrar aquellas facturas impagadas que pululan encima de su mesa, sin lugar a dudas se alegraría. Si le dijeran que ese medio judicial se llama proceso monitorio, es más que probable que su alegría se disipara tan rápidamente como llegó. 

Y es que, con la experiencia acumulada, el que más y el que menos habrá tenido ocasión de conocer alguna tramitación de un monitorio que lo único que ha supuesto es una pérdida de tiempo y dinero.

La verdad es que la efectividad real del monitorio, además del preceptivo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, depende de muy diversas variables, tales como:

1. Domicilio del deudor. Para su total tramitación, el monitorio exige que sea notificado al deudor en una dirección postal. En caso contrario, pierde toda su eficacia y se archiva.

Es por ello que, si no tenemos certeza de un domicilio en el que el deudor reciba efectivamente las comunicaciones, resultará más apropiado usar otro tipo de proceso (ordinario o verbal) cuyo aumento de coste compensaremos con el ahorro de tiempo.

2. Reclamaciones previas. A la luz de lo anterior, resulta obvia la utilidad de las reclamaciones previas que, mediante carta certificada con acuse de recibo o burofax, remitamos a todas las direcciones del deudor de las que tengamos conocimiento.

3. Solvencia del deudor. Aunque obvio, no está de más recordar que en nada servirá instar un proceso, ni monitorio ni de cualquier otro tipo, si nuestro deudor no tiene bienes y/o se encuentra inmerso en un concurso de acreedores.

4. Otras utilidades. Aún en caso de que nuestro deudor sea insolvente, no debe descartarse la utilidad que la interposición del monitorio puede tener para otros fines, tales como recobrar el I.V.A de las facturas impagadas, averiguar la existencia de bienes que no figuren en ningún registro público o interponer un concurso de acreedores necesario.

5. Importe de la deuda. Con la última modificación procesal, ha desaparecido en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil cualquier límite a la cuantía que podemos reclamar en un monitorio.

6. Uso de procurador. Aunque no sea preceptivo, no nos cansaremos de recomendar la utilización de los servicios del procurador en este tipo de procesos, especialmente si se tramitan fuera de nuestro domicilio, y ello para evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del monitorio.

En cualquier caso, vaya por delante que las anteriores no son más que algunas, que no todas, de las variables a tener en cuenta, y que el mayor éxito del proceso depende del previo estudio detallado y de la estrategia que se diseñe.

Abogados procesalistas

Pablo Martín Rodríguez

May

15

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : May 15, 2012

Se han promulgado ya dos, la primera, la Ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Castilla La Mancha (http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4187.pdf) y la segunda, la Ley 2/2012, de 4 de abril, de las Islas Baleares (http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf).

Son hijas de una proposición de ley que hizo el Partido Popular en el Congreso durante la anterior legislatura y que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 15 de julio de 2.011 (http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_325-01.PDF).

Aquella iniciativa proponía algunas cosas que ya se han hecho y otras que están pendientes. Era más ambiciosa, pues se trataba de una iniciativa para una ley de ámbito nacional, donde las competencias fiscales más amplias permitían afrontar reformas realmente útiles desde un punto de vista práctico para todos los que cada día tratamos de sacar adelante nuestra PYME.

Así, se proponían medidas para reducir la burocracia, otras para facilitar el acceso a la financiación extraordinaria, tipo capital semilla, Business Angels y demás, otras que fomentaran el espíritu emprendedor en el sistema educativo o la internacionalización de las empresas… Pero la parte del león estaba en el capítulo V, que tocaba el bolsillo: reducir el tipo del Impuesto de Sociedades al 20% para las empresas con cifra de negocios inferior a cinco millones de euros, pagar el IVA cuando se cobre la factura y no cuando se emita y la posibilidad de compensar deudas tributarias pendientes de pago por PYMES y autónomos con deudas reconocidas y pendientes de cobro, procedentes de cualquier administración pública. Ya se hablaba en dicha proposición de ley de la necesidad de afrontar una reforma laboral, pero esta ya está siendo objeto de análisis por parte de nuestro experto, Fernando Claro, en otro apartado de este blog.

Lamentablemente, aquella iniciativa no vio la luz, ya que la legislatura acabó sin que concluyera su tramitación. Y, por el momento, el actual gobierno español no ha decidido retomarla. Dentro de su furor reformista, han dado prioridad a otras cuestiones. Ello no ha impedido, sin embargo, que dos comunidades autónomas, como ya he dicho, hayan recogido el guante y se hayan lanzado a la arena del apoyo a los emprendedores en el ámbito mucho más limitado de sus competencias.

Lógicamente, no pueden tocar el impuesto de sociedades ni el IVA. Después de hacer las habituales loas y alabanzas al tejido empresarial español, donde destaca en porcentaje altísimo la presencia de PYMES y la capacidad de estas de crear empleo y generar riqueza, ambas leyes desgranan unas cuantas declaraciones de intenciones, sin contenido específico alguno, por lo que tendremos que esperar a un posterior desarrollo de las mismas para saber qué utilidad práctica pueden tener.

La ley castellanomanchega insiste, entre otras medidas, en reducir la burocracia, en fomentar el acceso al crédito extraordinario y en la internacionalización de las empresas. La ley balear, por su parte, propone la creación de un fondo propio de capital semilla y otro de capital riesgo, establecer medidas de fomento del Business Angels y habilitar una línea de avales.

Ambas leyes son tan ineficaces por sí mismas que no han tenido ningún eco en los medios. Desconozco si los emprendedores de estas dos comunidades autónomas están sintiendo ya los efectos, pero me encantaría conocer de primera mano su impresión. Os animo a que nos hagáis llegar vuestros comentarios y aportaciones sobre esta cuestión a nuestro correo electrónico ccm@ccmabogados.com.

Abogados de empresas

Apr

27

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : April 27, 2012

El pasado 16 de abril el Ministerio de la Presidencia dictó dos órdenes (PRE/773/2012 y PRE/774/2012), que se publicaron en el BOE al día siguiente (http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5182.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5183.pdf) por las que se publicaron los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas.

Las principales novedades que introduce sobre las normas anteriores son:

-          Solo podrá destinarse la financiación obtenida por esta vía a atender el principal de las deudas, no los intereses, ni las costas judiciales ni gastos accesorios.

-          Se establece el siguiente orden de prioridad en el cobro:

  • Por antigüedad.
  • Las que correspondan a Pymes y autónomos y dentro de estas por antigüedad.
  • Las que se hayan reclamado judicialmente. (*)

-          Se dice que los contratistas podrán comunicar su disponibilidad a efectuar quitas sobre su deuda, pero no se establece este hecho como criterio para adquirir preferencia en el cobro, lo que lo hace inútil.

-          Hay que recordar que solo van a poder acceder a esta financiación las entidades locales y comunidades autónomas que hayan presentado su plan de ajuste, que deberá ser valorado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sin embargo, se introduce una novedad: se habilitará un instrumento para garantizar el pago a los contratistas de las entidades locales que no concierten la operación de endeudamiento prevista en este mecanismo, de modo que no se queden sin cobrar porque el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma de turno no presente su plan o este no sea aprobado por el Ministerio.

-          Todas las entidades locales y comunidades autónomas deberán acogerse a este mecanismo antes de fin de año.

Recomendamos encarecidamente a todos los afectados que hagan un seguimiento muy de cerca de las entidades locales y comunidades autónomas que les adeuden cantidades, para conocer:

-          Si su deuda está incluida en la lista presentada al Ministerio.

-          Si ha presentado ya su plan de viabilidad.

-          Si el Ministerio lo ha aprobado y, por tanto, les ha concedido el acceso al mecanismo de financiación.

-          La fecha estimada de cobro.

(*) La expresión utilizada en estas dos órdenes, en su literalidad, es contradictoria con el contenido del Real Decreto, que establecía como criterio de preferencia para el cobro el que se hubiera exigido el pago ante los tribunales de justicia, sin especificar en qué fase debía encontrarse el procedimiento. Ahora las órdenes utilizan la expresión “que hayan instado la ejecución de su derecho de cobro ante los Tribunales”, lo que podría provocar el equívoco de que se haya iniciado lo que en el argot procesal se denomina la fase ejecutiva. Entendemos que se trata de una redacción poco precisa que en modo alguno puede modificar la previsión del Real Decreto, que es una norma superior. Debemos seguir entendiendo que esta preferencia se aplicará a cualquier deudor que haya exigido judicialmente su deuda, sea cual sea la fase en que esta se encuentre.

Apr

20

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : April 20, 2012

Esta vez le ha tocado el turno a la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3ª, que el día 1 de febrero de 2.012 dictó un Auto estimando el Recurso de Apelación presentado por la parte ejecutada, que se había opuesto a la continuación de la ejecución cuando ya se había subastado el bien y se había adjudicado a la entidad ejecutante, por haber quedado desierta la subasta.

No es que sea loable, sino escrupulosamente legal, que el tribunal busque alcanzar la justicia material. Esta debe ser, de hecho, el fin subyacente en todas y cada una de las resoluciones que se dicten, tratando de dar al supuesto que se le plantea una respuesta “justa”, que es lo que, en definitiva, buscan las partes que acuden a la administración de justicia. Y es claro, mucho más en los últimos tiempos, que nuestros tribunales civiles, cuando tienen que enfrentarse a la avalancha de ejecuciones hipotecarias y consiguientes desahucios, con su gran carga de drama personal, sienten en sus carnes la enorme insatisfacción que les genera la aplicación de la legislación procesal e hipotecaria tal y como está redactada hoy en día.

Es esta búsqueda de la justicia material lo que está llevando a nuestros juzgados a buscar, de forma no solo ingeniosa, sino técnicamente rigurosa (sí, unas veces más y otras no tanto), alternativas a la aplicación literal de la ley. Chocan con una enorme dificultad, la dicción literal de la ley que, además, ha sido confirmada con la actitud del legislador, que no ha acogido hasta hoy la pretensión popular de permitir que los créditos hipotecarios se cancelen con la entrega del bien hipotecado y basta, sin que pueda continuarse después la ejecución contra el resto del patrimonio del deudor.

Es más, el legislador ha hecho ya dos reformas del sistema hipotecario procesal; en la primera, introdujo modificaciones de cierta relevancia a través del Real Decreto Ley 8/2011, de 7 de julio, subiendo al 60% el valor mínimo que ha de atribuirse al bien que se adjudica el ejecutante cuando la subasta ha quedado desierta; y en la segunda, mediante el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, aprobó medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, contemplando la dación en pago como opción (véase nuestra entrada de fecha 27 de marzo de 2.012). Es evidente, por tanto, que el legislador tampoco es insensible a la situación, pero ha optado por dejar las cosas como están, aunque con matices. Y esta opción legislativa no puede ser ignorada por los tribunales a la hora de aplicar la ley al supuesto concreto.

Para que nadie se haga falsas ilusiones, quede claro que, hasta la fecha, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se han ocupado de tumbar todas las opciones de quienes han defendido la injusticia de una norma que permite a un acreedor hipotecario adjudicarse el bien hipotecado por un valor y continuar la ejecución contra el patrimonio del deudor por la parte de la deuda no cubierta. La parte positiva es que si nuestros más altos tribunales han tenido ocasión de pronunciarse sobre estas cuestiones es porque los Juzgados de Instancia y las Audiencias Provinciales están dictando resoluciones que ponen cada vez más enérgicamente en duda la simple aplicación literal de una norma que les parece injusta.

Seguramente haya más, pero nosotros conocemos al menos tres pronunciamientos de Audiencias Provinciales que se han ocupado recientemente de este asunto, siendo la más reciente la citada al inicio. En los tres casos se celebró la subasta y quedó desierta.

La primera de estos pronunciamientos, una bomba mediática, la dictó la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, el 17 de diciembre de 2.010: el banco optó por adjudicarse el bien por el 50% de su valor y pretendió continuar ejecutando contra el patrimonio del deudor por la parte no cubierta. La Audiencia consideró que el banco se había adjudicado un bien cuyo valor sí cubría la deuda en su totalidad, independientemente de que nadie ofreciera por él ni siquiera el 50% del valor que se le atribuyó en la escritura de constitución de la hipoteca.

Crítica a esta fundamentación: De este argumento la duda que nos surge es cuál es el criterio que tomamos como referencia para determinar el valor de un bien, puesto que dicho valor, por definición, es cambiante. Ya anticipo que el criterio lo ha fijado estupendamente bien, en nuestra opinión, la Audiencia Provincial de Córdoba: se trata del valor de mercado. Puede que en el momento de constituir la hipoteca el valor del bien fuera el que se le atribuyó, pero ese valor puede cambiar, subir o bajar y es el valor que tenga en el momento de la adjudicación el que ha de servir como referencia para saber cuál es la parte de la deuda que se cancela. El precio alcanzado por el bien en la subasta puede servir como referencia, pero cierto es que tampoco es un criterio seguro, porque en una subasta, normalmente, el precio que alcanzan los bienes ejecutados es menor que el que alcanzarían en una venta de mercado normal y corriente.

La Audiencia Provincial de Gerona no se quiso quedar atrás y el 7 de abril y el 16 de septiembre de 2.011 dictó dos Autos que prolongaban la tendencia. No aludiremos al primero de ellos, por lo particular del caso, que lo hace difícilmente extrapolable, pero sí al segundo, que contó, además, con un voto particular, contrario al sentir mayoritario de la Sala. Por la misma razón que la de Navarra y con argumentos legales tales como la doctrina de los actos propios, la Ley de Consumidores y Usuarios, el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto y la búsqueda de la justicia material, concluyó que no cabía seguir adelante con la ejecución, por entender que el valor del bien atribuido al banco ejecutante era, precisamente, el que constaba en la escritura de constitución de la hipoteca.

Crítica a esta fundamentación: se contiene en el voto del magistrado discrepante que, eso sí, manifiesta su simpatía personal por las conclusiones alcanzadas por sus compañeros, hace alusión a la doctrina del Tribunal Supremo, que se opone frontalmente a estas consideraciones. Citando, entre otras, la sentencia de 25 de septiembre de 2.008, rebate uno por uno todos los argumentos y apela a la literalidad de la ley y a los últimos cambios legislativos habidos, ninguno de los cuales ha modificado los artículos que permiten la continuidad de la ejecución.

Finalmente nos referimos al Auto de la Audiencia Provincial de Córdoba, en nuestra opinión la más convincente, pero cuyo supuesto de hecho contiene un dato que lo hace diferente. El banco se atribuyó el inmueble por el 60% de su valor en escritura. Pero en este caso las partes ejecutante y ejecutada, que habían negociado una solución al margen de la ejecución, encargaron una tasación a una entidad de reconocido prestigio, muy próxima a la fecha de la subasta, en la que se determinó un valor del inmueble muy superior al 60% de la deuda. Defiende en este caso el juzgador que “el importe de la adjudicación tiene que estar objetivamente relacionado con el valor real del bien adjudicado” y que la expresión “producto insuficiente” contenida en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe interpretarse como valor real del bien en el momento de la adjudicación. Y, como cuenta con un elemento probatorio consistente para fijar dicho valor – la tasación – lo toma como referencia para determinar qué parte de la deuda queda cancelada como consecuencia de la atribución del bien mediante subasta. Entre el valor de mercado que parece desprenderse de la subasta desierta y el valor de mercado que atribuye al bien un experto independiente, opta con buen criterio por este último.

Crítica a esta fundamentación: Este Auto sí nos da una pista válida y útil en la práctica, aunque tiene como presupuesto que la tasación obtenida dé como resultado un valor del bien superior al 60% de la deuda, que es el valor “suelo”, por debajo del cual el ejecutante no puede adjudicarse el bien.

Se van afinando los criterios legales y esto nos lleva a animar a todos los que siguen peleando en busca de una respuesta más justa a sus situaciones. Mucho ánimo.

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Apr

12

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : April 12, 2012

No hay duda de que la reforma laboral ha flexibilizado el entorno en el que se desarrolla la relación entre la empresa y sus trabajadores. Y no hay duda de que esta flexibilización reduce la protección que tradicionalmente se viene prestando a estos últimos frente a aquella, al considerarlos la parte más débil de la relación, merecedora de una hiperprotección, lo que justificaría la ruptura del plano de igualdad en el que, de entrada, deberían situarse todas las relaciones jurídicas.

La enorme crisis que estamos viviendo ha hecho tambalearse este presupuesto: cuando vienen mal dadas tan débil puede ser la posición del empresario como la de sus trabajadores, si no más. Al fin y al cabo, los trabajadores todavía cuentan con algunos mecanismos de protección, mientras que el empresario carece de cualquiera, salvo los que él mismo se haya procurado a su costa.

La crisis también ha puesto de manifiesto otra cosa: las empresas españolas no han reaccionado bien ante la nueva situación. La crisis se las ha llevado por delante, expulsando a millones de trabajadores al desempleo. Las causas de esta falta de reacción son muchas (unas imputables a los propios empresarios y otras no) y no se puede decir que una haya sido más decisiva que las demás, pero sin duda una de las más importantes es la lentitud de las empresas en adaptar su estructura de gastos a sus ingresos, siendo siempre el coste laboral (nóminas más seguros sociales) una de las mayores partidas de gastos.

En los últimos años las ventas han caído a velocidades de vértigo. En algunos sectores se han desplomado en cuestión de meses. Y las empresas se encontraban con una plantilla sobredimensionada, costosísima e inoperante por falta de trabajo. Todavía hoy la reforma solo permite el despido colectivo por causas objetivas (indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad) a las empresas que sufran una disminución persistente de sus ventas, entendiendo que esto sucede, en todo caso, cuando la disminución se produzca durante tres trimestres consecutivos. Pero es que en esta crisis ha habido empresas que en tres trimestres lo que han hecho ha sido cerrar, completamente hundidas en la miseria. Hubieran necesitado utilizar esta herramienta en dos o tres meses o incluso menos.

Los detractores de la reforma y, en general, de la flexibilización laboral, aducen que pone en riesgo a los trabajadores y sus derechos, ya que se rebaja su nivel de protección. Pero, me pregunto, ¿cuántas empresas hubieran podido sobrevivir, aunque fuese manteniendo un trabajador, aunque fuese un autónomo, de haber sido más fácil adaptarse a los nuevos tiempos? No es fácil contestar a esta pregunta. Muchas hubieran cerrado de todas formas, con o sin reforma; en muchos casos ha sido la falta de visión del empresario lo que ha dado al traste con cualquier posibilidad de rescate. Repito que este es un factor entre muchos. Pero sí hay un dato: nuestras empresas se han enfrentado a la crisis peor que las de otros países y algo habrá tenido que ver nuestra legislación laboral, la que ha estado en vigor durante los cuatro primeros años de la crisis, prácticamente sin variaciones sustanciales.

La reforma hace muchas cosas. Sus efectos no se desplegarán a corto plazo. Es burdo e injusto decir que está generando desempleo, como lo sería que alguien dijera que está generando empleo, si la situación fuese la inversa, como si una ley fuese capaz de generar o de destruir empleo por sí misma y a corto plazo.

De entre las que me parecen más útiles están el contrato de formación y aprendizaje, el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, el teletrabajo, la supresión de la barrera que constituía el sistema de clasificación profesional, se facilitan la movilidad geográfica, la modificación de las condiciones de trabajo, el despido colectivo, se da libertad a empresas y trabajadores de negociar su relación particular sin necesidad de someterse a un convenio colectivo que antes les venía dado sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, se elimina la intervención administrativa en los expedientes de regulación de empleo, lo que los convierte en un instrumento más ágil y eficaz…

Cuando la ley se flexibiliza siempre existe el riesgo de que alguien la use mal, que cometa fraudes, injusticias, que solo busque su provecho o que incluso busque deliberadamente hacer daño por razones espurias. No creo que el legislador de la reforma ignore esto. Pero, puestos a legislar, hay dos opciones: crear un sistema más rígido y quizá más seguro, que impida mejor estos abusos o crear un sistema más flexible y quizá menos seguro. Lo que pasa es que la ley es igual para todos y, en el primer caso, la rigidez afectará también al empresario que quiera hacer un uso adecuado de las herramientas que se le ofrecen, impedirá a las empresas reaccionar a tiempo ante las nuevas circunstancias y, al final, perjudicará también a los trabajadores; en el segundo, los aprovechados tratarán de sacar provecho de las nuevas reglas, pero los que se interesen por el futuro de su empresa y de sus trabajadores y por el bien de la sociedad en su conjunto, encontrarán un contexto más libre y, por tanto, más eficaz, en el que desarrollar su actividad.

Entonces, ¿qué hacemos, restringir para evitar abusos o flexibilizar? Opto por lo segundo. No se puede legislar desde la desconfianza, porque esto lleva al encorsetamiento de las relaciones. Hagamos más libres las relaciones, porque estoy seguro de que, en términos generales, el uso que haremos de esa libertad será adecuado y eso será más beneficioso para todos. Y no olvidemos que para corregir abusos y hacer pagar sus consecuencias tenemos un sistema judicial, que se podrá criticar por muchas razones, pero que funciona.

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Apr

06

Posted by : EEAadmin | On : April 6, 2012

Otro de los aspectos interesantes que ofrece la reforma en cuanto a nuevas posibilidades de empleo es la regulación del teletrabajo.

¿Qué es el teletrabajo? Pues es una forma de dirigir el trabajo, que se ofrece a los empresarios para organizar mejor sus recursos y sobre todo a las personas que participan del proceso productivo o de prestación de servicios, moviendo el lugar de la prestación, desde el centro de trabajo al domicilio del trabajador o a un centro especializado o, incluso, itinerante.

El teletrabajo como tal no es nuevo; apareció y se viene desarrollando a la par que las llamadas TIC.

Como casi todo, tiene sus pros y sus contras; y también influye el prisma bajo el que se contempla. Yo soy más partidario de sus ventajas que de sus inconvenientes, pero para que juzgue el amable lector voy a tratar de exponer unos y otros, aunque en breve.

A favor, juega la posibilidad de incorporar al mercado de trabajo a personas que no pueden poner a disposición del empresario una jornada completa, por las circunstancias que sean; así, se ha defendido el teletrabajo como una vía para facilitar el trabajo a personas que necesitan conciliar su vida laboral y familiar  o a las que sufren alguna discapacidad, con dificultades para acudir al centro de trabajo. De aquí la segunda ventaja; ahorra innecesarios desplazamientos y elimina ciertos gastos de transporte y manutención. Y lo que creo que es su principal ventaja: se aprovecha muchísimo mejor el siempre escaso tiempo disponible.

Para la empresa es de resaltar el mejor aprovechamiento del tiempo efectivo de trabajo,  ahorro en oficinas, energía, tiempos perdidos, permisos, etc.

Como desventaja,  no permite las relaciones sociales y profesionales de un centro de trabajo común, no existe ambiente de trabajo, ni relaciones de compañerismo; por supuesto a los sindicatos no les gusta nada, porque dispersa a la “fuerza del trabajo” y hace más difícil, por ejemplo, convocar a los trabajadores para acciones colectivas o huelgas.

Es determinante el sistema de conexión que se emplee, entre empresa y trabajador; si se pacta un cierto tiempo de conexión durante el día y se trabaja  por objetivos, esta forma de trabajar puede ser muy rentable y agradable. Si se pacta la conexión continuada durante toda la jornada laboral, puede llegar a ser bastante agobiante.

La regulación del teletrabajo brillaba por su ausencia en nuestra legislación laboral, pese al avance espectacular de las nuevas tecnologías.

Venía siendo objeto de alguna consideración en la negociación colectiva. Por ejemplo, el convenio nacional para la industria química fue uno de los pioneros, y otros lo querían acoplar al contrato de trabajo a domicilio, intento vano este último por cuanto la razón del contrato de trabajo a domicilio era absolutamente diferente.

La reforma se ha atrevido a regular esta novedosa forma de trabajo y lo ha hecho de la siguiente manera: artículo 13 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, titulado “trabajo a distancia”: se entenderá por tal aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.

La empresa y el teletrabajador se pondrán de acuerdo por escrito en el contrato de trabajo, sobre las condiciones a regir en sus relaciones, medios a facilitar por la empresa, su mantenimiento, garantía de los derechos del trabajador, aseguramiento de la protección en materia de seguridad y salud, tiempo efectivo de trabajo, presencia en el centro de trabajo, cómo se ejercen los derechos de representación colectiva, etc.

Y para terminar, una anécdota. Visitaba una importante empresa farmacéutica con el Director de Personal y vi una gran sala con muchos despachos individuales, cada uno con su ordenador y demás instrumentos de trabajo; pregunté sobre cuántas de las personas allí presentes podrían desarrollar el mismo trabajo en su casa; la respuesta fue inmediata: casi la mitad de todos ellos.

Esa es la ventaja del teletrabajo, sobre todo si se regula bien.

Fernando Claro Casado

Abogados madrid

Mar

27

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : March 27, 2012

Al definir el ámbito de actuación (artículo 2), la norma que comentamos dice que es de aplicación a deudores hipotecarios situados en el umbral de exclusión, que queda definido por la concurrencia simultánea de seis circunstancias verdaderamente extremas, aunque seguramente no infrecuentes. Nos remitimos al contenido del Real Decreto para evitar repetir aquí pormenorizadamente cada una de tales circunstancias (artículo 3). Puede consultarse en el siguiente link: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf

                Primera duda: ¿Es de aplicación a empresarios que no son propietarios directamente de su vivienda habitual, sino que lo son a través de sociedades patrimoniales y que igualmente están siendo objeto de ejecución hipotecaria?

Algunas de las medidas que prevé el Real Decreto:

1.- Moderación de los intereses moratorios, que quedan limitados a la suma de los intereses remuneratorios más un 2,5% sobre el capital pendiente del préstamo.

Segunda duda: No entendemos si la fórmula prevista es interés remuneratorio + 2,5 puntos porcentuales o interés remuneratorio más un total del 2,5% del capital pendiente de amortizar. Es decir, si el interés remuneratorio está situado en el 4,5%, la primera interpretación situaría el remuneratorio en el 7%; la segunda, en cambio, lo situaría en el 4,5% y el total final no podría en ningún caso superar la suma de los intereses remuneratorios pactados más el 2,5% del capital pendiente de amortizar.

2.- Se crea un Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras se han de adherir, siendo esta adhesión totalmente voluntaria.

Su aplicación se limita a viviendas de un determinado valor según el tamaño de la población en que se ubiquen (artículo 5.2)

3.- Se eximen del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados las escrituras que se otorguen como consecuencia de este Real Decreto y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las plusvalías que se obtengan como consecuencia de la dación en pago del bien.

Contenido del Código de Buenas Prácticas:

a) Obligatorio para la entidad financiera:

1.- No cabe acogerse al mismo si ya se ha anunciado la subasta en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

2.- La entidad financiera debe elaborar y notificar un plan de reestructuración aplicando conjuntamente las siguientes medidas:

                – Carencia de capital de cuatro años.

                – Ampliación del plazo de amortización hasta un máximo de 40 años.

                – Reducción del tipo de interés a Euribor + 0,25 durante el plazo de carencia de cuatro años.

3.- Se aplicará la dación en pago, a los doce meses de haberse solicitado el plan de reestructuración, cuando se considere que este es inviable, aun aplicando la quita que luego se dirá, siempre que lo solicite el deudor y mientras no se haya anunciado la subasta en el procedimiento de ejecución hipotecaria, siempre y cuando no existan cargas posteriores sobre la vivienda.

b) Potestativo para la entidad financiera, cuando se considere que el plan de reestructuración es inviable y, además, lo solicite el deudor:

                – Quita en el capital pendiente de amortizar. Esta medida será aplicable aunque se haya anunciado ya la subasta.

En caso de aplicarse, la dación en pago supondrá:

1.- La cancelación definitiva de la deuda.

2.- La cancelación definitiva de las responsabilidades personales del deudor y de terceros.

3.- La posibilidad para el deudor de permanecer en la vivienda, como arrendatario, durante dos años, con una renta del 3% del importe total de la deuda en el momento de la dación.

                Tercera duda: ¿Se entiende que el 3% de la deuda total es la renta total para los dos años de duración del arrendamiento?

Hasta la fecha se han publicitado ya las adhesiones a este Código de Buenas Prácticas por parte del Banco Santander y CatalunyaCaixa.

www.ccmabogados.com

Mar

22

Posted by : EEAadmin | On : March 22, 2012

El nuevo contrato “estrella” de la reforma es el que se denomina,  contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.

Tomando en consideración una realidad obvia, al parecer  la más difícil de ver hasta la fecha, de que la estructura empresarial en España son, en más de un 80%, pymes y, por lo tanto, son las que pueden crear más empleo, en términos absolutos, la nueva ley ha tratado de favorecer al máximo la contratación laboral con esta nueva modalidad.

Va dirigido exclusivamente a las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, en el momento de producirse la contratación.

El contrato hay que formalizarlo por escrito, y tendrá que ser por tiempo indefinido y a jornada completa; se entiende por esta última la que esté pactada en el Convenio Colectivo aplicable.

A este contrato se le aplicará el régimen jurídico establecido en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, los mismos derechos y obligaciones para empresarios y trabajadores.

Aunque hay alguna excepción; que afecta a la duración del período de prueba y que será de un año en todo caso, en lugar del plazo indicado en el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores, o en el Convenio Colectivo.

La empresa que contrate a un trabajador bajo esta modalidad tendrá derecho a  los siguientes incentivos fiscales:

1)        Si el primer contrato de este tipo es con un menor de 30 años la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de 3.000 €

2)      Además, si se contrata  a un trabajador desempleado que esté percibiendo la prestación por desempleo, por lo menos hace tres meses, la empresa tiene derecho a una deducción fiscal igual al 50% de la prestación que le quede por cobrar al trabajador, con un máximo de 12 meses. El trabajador podrá seguir cobrando, junto con el salario de la empresa, el 25%  de la prestación por desempleo que le quedase por percibir.

 Además de los anteriores incentivos, podrá tener también las siguientes bonificaciones:

1)        Si contrata a un joven entre 16 y 30 años la empresa tendrá derecho a una importante bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, durante 3 años. Si se trata de mujeres, en sectores de poca representación femenina, la bonificación aumenta.

2)      Si contrata a un mayor de 45 años, que haya estado inscrito en la Oficina de Empleo, durante un cierto tiempo antes, también tendrá una importante bonificación

 Para aprovechar estos beneficios, el empresario que contrate a un trabajador bajo esta nueva modalidad ha de mantener el empleo durante, al menos, 3 años.

No lo podrán aprovechar aquellas empresas que hubieran extinguido contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes, por el Juez, o que hayan procedido a despidos colectivos, de trabajadores de la misma categoría profesional y para el mismo centro de trabajo.

 En general, me parece una buena herramienta de trabajo, atractiva para los pequeños y medianos empresarios; aunque siempre me parece que por si sola no es suficiente para crear empleo.

Por eso leo con atención que el gobierno prepara ya una “ley de emprendedores”, que elimina trabas para abrir negocios, facilita el acceso al crédito y rebaja la fiscalidad, garantizando a las empresas que reúnan las condiciones para poner en marcha una actividad en una región determinada que podrán desarrollarla en cualquier otra autonomía.

Es lo que se llama unidad de mercado, ciertamente olvidada en España, y que reclaman muchas empresas. Dicho con otras palabras, que la ley sea igual para todos los españoles y empresas españolas, y no una legislación distinta en cada autonomía, porque eso es malo para el mercado y finalmente para el empleo, como está viendo el que tiene ojos en la cara y quiere ver.

 El objetivo de la ley es crear empresas, poner de nuevo en marcha el proceso de crecimiento generador de empleo, con medidas que incluyen simplificación administrativa y unidad de mercado.

Ya hay un ejemplo en esa dirección; en la comunidad de Madrid se han simplificado los tramites para instalar un negocio que se considere “estratégico” para el desarrollo económico y el crecimiento del empleo; y me refiero sobre todo, al pequeño y mediano comercio, y a las grandes cadenas de alimentación, según la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Fernando Claro Casado

Abogados Laboralistas Madrid

Mar

16

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : March 16, 2012

El primer paso lo constituyó el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, del que ya tuvimos oportunidad de informar, por el cual se determinaron las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Ayer concluyó el plazo inicial para que las entidades locales remitiesen sus listados de deudas al Ministerio de Hacienda.

Pues bien, dicho mecanismo ha sido creado por medio del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, publicado en el BOE del día 10 (http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3395.pdf).

Las principales novedades que ofrece este Real Decreto son las siguientes:

-          Hace extensible el mecanismo a las Comunidades Autónomas, que habían quedado excluidas inicialmente de esta excepcional medida. Ello ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 6 de marzo de 2.012. Para acogerse a este mecanismo cada Comunidad Autónoma deberá asumir expresamente dicho acuerdo en su Consejo de Gobierno.

 -          Durante el año 2.012 el Fondo desembolsará mil quinientos millones de euros, siendo la aportación total prevista de seis mil millones.

 -          La disposición de la financiación concedida a las Administraciones territoriales se hará mediante el pago directo a los proveedores.

 -          Se aclara que el Fondo se utilizará también para pagar deudas derivadas de los contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

 -          Si se hubiera pactado un pago fraccionado con la entidad local o comunidad autónoma de turno, el sistema se aplicará a toda la deuda pendiente de pago en el momento en que se emita por el interventor la relación certificada.

 -          Quedan excluidas las entidades locales de País Vasco y Navarra, debido a sus especialidades forales.

Por su parte, hoy se han publicado en el BOE (http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3750.pdf) los modelos de solicitud del certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de las entidades locales y del certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de las entidades locales.

Recomendamos adjuntar a la solicitud de certificado copia de la documentación que justifica el crédito cuyo reconocimiento se pretende, para una más fácil identificación.

Recordamos que la no emisión del certificado por parte de la entidad local de turno, en un plazo de quince días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro lleva aparejado el reconocimiento automático del crédito y que la entidad local tiene la obligación de remitir mensualmente un listado con todas las peticiones de certificados recibidas, indicando las que ha aceptado, las que ha rechazado y las que no ha contestado, todas ellas correspondientes al mes anterior.

Reclamación de deudas