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Sobre la reforma del sector público empresarial de ámbito local

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : October 1, 2013

Comparto la opinión de muchos sobre la poca importancia que en términos relativos va a suponer para la economía española la reforma del sector público empresarial de ámbito local y sobre la necesidad de afrontarla al nivel de las comunidades autónomas, de mucho mayor calado. Los datos son claros a este respecto, aunque no haya sitio aquí para tratarlos. Confío en que así se haga en un futuro inmediato. En todo caso, muchos pocos hacen algo grande. Otro “poco” – este mucho más insignificante – se publicó el jueves 26 de septiembre en el BOE (Real Decreto 701/13, de 20 de septiembre - http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9968.pdf). Cualquier iniciativa en este sentido sea bienvenida.

Se ha empezado por la administración pública menos problemática en términos de déficit. El proyecto de ley, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria, parece muy duro con la supervivencia de empresas públicas municipales, mancomunidades y demás organismos públicos, especialmente los de segundo nivel. Los plazos que impone para el cierre de los deficitarios son tajantes. Si el proyecto sale indemne de su tramitación parlamentaria – quiero decir, sin grandes cambios – sería realmente un buen instrumento de reestructuración, independientemente de que, como pasa siempre, acaben pagando justos por pecadores y caigan empresas y entidades útiles.

Los principios informadores que están detrás de la reforma son dos:

(i) Extender el control de los interventores municipales a todas las actividades que desarrollen los ayuntamientos, ya lo hagan directa o indirectamente. Actualmente la actividad de las empresas públicas y otras entidades de segundo nivel escapa al control de estos órganos de supervisión.

(ii) La reducción del déficit, reduciendo las estructuras superfluas y aplicando también un criterio de subsidiariedad: que no haga el Estado lo que pueda hacer la iniciativa privada. En muchos casos nos encontramos con entidades públicas que gestionan servicios básicos (suministro de aguas, gestión de algunas infraestructuras, recogida de residuos), donde la conveniencia de privatizar la gestión puede discutirse, como está pasando en la sanidad madrileña, pero en muchos otros nos encontramos a esas entidades realizando actividades mercantiles como si de un competidor más se tratara o realizando labores que bien podría prestar un ente privado. Entre los servicios públicos esenciales que se prestan muchos lo son por parte de entidades controladas por los municipios. La gestión empresarial de las mismas resulta a veces muy deficitaria y no porque no tengan buenos gestores. Los hay buenos y malos, como en todas partes. Es que el interés que prevalece muchas veces – impuesto por el municipio – no es el empresarial, sino el político y eso trae consecuencias nefastas: se multiplica el gasto y la ineficiencia. Y el empresario estatal es reo de intereses que no están directamente asociados con la gestión empresarial: imagen, riesgo político, paz social…

Hay empresas municipales en las que, en la actualidad, con la que ha caído y sigue cayendo, los convenios colectivos se están negociando en términos de cuánto subimos los salarios este año. Inconcebible, ¿verdad? Hemos visto cómo durante cinco años se ha destruido el tejido empresarial, cómo las empresas han mandado al desempleo a millones de personas, mientras que las plantillas “públicas” no han sufrido en la misma proporción y lo han hecho con años de retraso. ¿Cómo explicarlo? No se gestiona igual cuando el dinero que se gasta sale de tu bolsillo que cuando sale de otros bolsillos.

Por lo tanto, sin entrar en este foro en cuestiones técnicas que serían discutibles y suscitarían un debate muy interesante, valoro muy positivamente la reforma. Es un comienzo. Espero que no se pare aquí.

 

 

Abogados especializados en la reestructuración de empresas públicas

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