Apr

16

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : April 16, 2014

1. ¿Cuáles son las principales consecuencias para las empresas públicas locales derivadas de la ley?

Artículos 2 y 86.1. Las competencias municipales deberán ejercerse con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 85 ter. Todas las sociedades municipales deberán transformarse en una de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital, es decir, S.A., S.L. o Sociedad Comanditaria por Acciones.

Artículo 116 bis 1. Las entidades locales que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de deuda pública o la regla de gasto deberán formular un plan económico financiero de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda.

Artículo 116 ter 1. Todas las entidades locales deberán calcular antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan. Están pendientes de desarrollo los criterios de cálculo.

Disposición Adicional novena.

a) Mientras esté en vigor un plan económico financiero o un plan de ajuste, (i) se prohíbe la creación de nuevas sociedades de segundo nivel y (ii) se prohíbe a las entidades locales hacer aportaciones o aumentos de capital en sus sociedades preexistentes.

b) Las empresas municipales que a la entrada en vigor de la ley se encuentren en situación de desequilibrio financiero dispondrán de un plazo de dos meses para aprobar un plan económico de corrección de dicho desequilibrio. Dicho plan podrá prever aportaciones del ente municipal del que dependa solo si en el ejercicio inmediato anterior dicho ente municipal cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no superó en más de treinta días el plazo máximo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (Pueden consultar los distintos plazos máximos en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l3-2004.html#a4)

Si esta corrección no se hace antes del 31 de diciembre de 2014, la entidad local deberá disolver la sociedad dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de las cuentas anuales o a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014.

Si los servicios prestados por dichas empresas son esenciales, los anteriores plazos se extienden hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente.

c) Las empresas de segundo nivel que no estuviesen en situación de superávit a 31 de diciembre de 2013 deberán pasar a ser entidades de primer nivel o disolverse, en ambos casos, antes del 31 de marzo de 2014.

Si existiesen otros socios de las sociedades, los entes locales deberán vender su participación antes de dicha fecha.

Los anteriores plazos se entienden ampliados en un año cuando los servicios prestados resulten esenciales.

2. ¿En qué puede ayudar LIFE ABOGADOS a las empresas obligadas a tomar alguna de las medidas previstas en la ley?

  • A decidir cuál es la forma societaria más adecuada para cada caso y preparar la documentación necesaria para llevar a cabo la transformación.

  • A diseñar el plan económico de corrección del desequilibrio.

  • A formalizar la disolución, liquidación y extinción de la sociedad que incurra en causa legal de disolución.

  • A transferir los títulos del capital de las sociedades de segundo nivel a través de operaciones de compraventa, fusión, escisión, aportación de rama de actividad…, según los casos.

  • A resolver los conflictos sociales a que pueda dar lugar la implementación de la reforma, negociando con los trabajadores afectados los acuerdos correspondientes y, en su caso, asistiéndoles en los conflictos que se generen.

 3. ¿Por qué creemos que LIFE ABOGADOS puede resolver de manera eficaz estas necesidades?

  • Porque somos expertos en el asesoramiento a empresas
  • Porque contamos con profesionales punteros en los ámbitos mercantil, laboral y fiscal
  • Porque contamos con un equipo multidisciplinar, de economistas y abogados
  • Porque tenemos capacidad de actuar en todo el territorio nacional
  • Porque nuestra experiencia se extiende al ámbito estatal, a nivel de ayuntamientos, empresas, fundaciones…

4. Equipo de trabajo

  • Juan Sánchez Corzo, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Ignacio González Rivera, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Félix Álvarez – Arenas Guyón, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Ramón Navarro Quijano, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Fernando Claro Casado, departamento laboral

  • José Luis Vázquez Pérez – Coleman, departamento laboral

  • Luis Alcoz Coll, departamento mercantil

  • Abel García Rodríguez, departamento fiscal

5. Nuestro CV en el Sector Público

  • SOGAMA

  • SEROMAL

  • Autoridad Portuaria de La Coruña

  • Autoridad Portuaria de Melilla

  • Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Oct

01

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : October 1, 2013

Comparto la opinión de muchos sobre la poca importancia que en términos relativos va a suponer para la economía española la reforma del sector público empresarial de ámbito local y sobre la necesidad de afrontarla al nivel de las comunidades autónomas, de mucho mayor calado. Los datos son claros a este respecto, aunque no haya sitio aquí para tratarlos. Confío en que así se haga en un futuro inmediato. En todo caso, muchos pocos hacen algo grande. Otro “poco” – este mucho más insignificante – se publicó el jueves 26 de septiembre en el BOE (Real Decreto 701/13, de 20 de septiembre - http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9968.pdf). Cualquier iniciativa en este sentido sea bienvenida.

Se ha empezado por la administración pública menos problemática en términos de déficit. El proyecto de ley, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria, parece muy duro con la supervivencia de empresas públicas municipales, mancomunidades y demás organismos públicos, especialmente los de segundo nivel. Los plazos que impone para el cierre de los deficitarios son tajantes. Si el proyecto sale indemne de su tramitación parlamentaria – quiero decir, sin grandes cambios – sería realmente un buen instrumento de reestructuración, independientemente de que, como pasa siempre, acaben pagando justos por pecadores y caigan empresas y entidades útiles.

Los principios informadores que están detrás de la reforma son dos:

(i) Extender el control de los interventores municipales a todas las actividades que desarrollen los ayuntamientos, ya lo hagan directa o indirectamente. Actualmente la actividad de las empresas públicas y otras entidades de segundo nivel escapa al control de estos órganos de supervisión.

(ii) La reducción del déficit, reduciendo las estructuras superfluas y aplicando también un criterio de subsidiariedad: que no haga el Estado lo que pueda hacer la iniciativa privada. En muchos casos nos encontramos con entidades públicas que gestionan servicios básicos (suministro de aguas, gestión de algunas infraestructuras, recogida de residuos), donde la conveniencia de privatizar la gestión puede discutirse, como está pasando en la sanidad madrileña, pero en muchos otros nos encontramos a esas entidades realizando actividades mercantiles como si de un competidor más se tratara o realizando labores que bien podría prestar un ente privado. Entre los servicios públicos esenciales que se prestan muchos lo son por parte de entidades controladas por los municipios. La gestión empresarial de las mismas resulta a veces muy deficitaria y no porque no tengan buenos gestores. Los hay buenos y malos, como en todas partes. Es que el interés que prevalece muchas veces – impuesto por el municipio – no es el empresarial, sino el político y eso trae consecuencias nefastas: se multiplica el gasto y la ineficiencia. Y el empresario estatal es reo de intereses que no están directamente asociados con la gestión empresarial: imagen, riesgo político, paz social…

Hay empresas municipales en las que, en la actualidad, con la que ha caído y sigue cayendo, los convenios colectivos se están negociando en términos de cuánto subimos los salarios este año. Inconcebible, ¿verdad? Hemos visto cómo durante cinco años se ha destruido el tejido empresarial, cómo las empresas han mandado al desempleo a millones de personas, mientras que las plantillas “públicas” no han sufrido en la misma proporción y lo han hecho con años de retraso. ¿Cómo explicarlo? No se gestiona igual cuando el dinero que se gasta sale de tu bolsillo que cuando sale de otros bolsillos.

Por lo tanto, sin entrar en este foro en cuestiones técnicas que serían discutibles y suscitarían un debate muy interesante, valoro muy positivamente la reforma. Es un comienzo. Espero que no se pare aquí.

 

 

Abogados especializados en la reestructuración de empresas públicas

Sep

11

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : September 11, 2013

Las pequeñas y medianas empresas españolas que siguen en activo, que son muchas, se han enfrentado en los últimos años a un desafío sin precedentes, que ha premiado, en términos generales, a las que han sabido afrontar el mercado exterior y a las que han innovado, ambas cosas unidas a una gestión seria y profesional.

En este tiempo hemos aprendido que el tamaño no importa y que, de verdad, cualquiera puede salir al exterior si tiene un buen producto y un precio competitivo. Así, hemos visto empresas españolas del sector de las TIC, de desarrollo de software y de otras áreas punteras, penetrando con éxito mercados hasta ahora desconocidos para ellas. Pero igual ha sucedido con sectores más tradicionales, como el agroalimentario o el sector pesquero.

Solos o en grupo (utilizando la fórmula del consorcio) nuestros empresarios han afrontado el reto y han obtenido en general buenos resultados. Nunca nuestra balanza comercial estuvo como está ahora. Algunos ejemplos son verdaderamente admirables, como es el caso de www.selectosdecastilla.com, que triunfa en la mismísima Francia con su foie de altísima calidad producido en Palencia. ¡Enhorabuena!

Hay otro objetivo aún no alcanzado y que esperamos no tarde mucho en llegar: que nuestras empresas vuelvan a generar empleo. La presión fiscal y los todavía elevados costes laborales tienen seguramente una influencia decisiva en esto y, sobre todo, en que los más jóvenes tengan prácticamente vedado el derecho al trabajo. Se siente verdadera impotencia al ver cómo se desperdician el talento y la ilusión de nuestros jóvenes.

La insuficiente regulación del trabajo en prácticas no facilita las cosas y la reciente sentencia (21 de mayo de 2.013) del Tribunal Supremo sobre esta cuestión – que ha anulado el Real Decreto 1.717/2.011 – ha supuesto un retroceso. Hay un difícil equilibrio entre facilitar el acceso a los jóvenes al mercado laboral y proteger sus derechos, que no terminamos de resolver y ello va en detrimento suyo.

El empresario español continúa confiando en su capacidad productiva, tiene capacidad de adaptarse, afronta la internacionalización sin miedo, ha realizado ajustes fortísimos y está listo para iniciar el despegue. Va llegando ya el momento de que así sea, por el bien de todos. Sin duda ninguna, una reforma fiscal ayudará a que suceda cuanto antes y es justo reclamarla. Con amplias miras y sin consumirnos en el cortoplacismo, se puede seguir confiando en nuestra capacidad para salir de esta. ¡Mucho ánimo y buen trabajo¡

P.S. A los que entendéis el italiano, os recomendamos el artículo publicado por Bernard Scholz, presidente de la Cdo (www.cdo.es), en ilsussidiario.net, el pasado 19 de agosto. Necesitamos una mirada como esta sobre la situación: http://www.ilsussidiario.net/News/Editoriale/2013/8/19/Avere-fiducia-e-ragionevole/420273/

P.S. 2: Me parece que esta imagen publicada en El Eco de Jumilla, expresa gráficamente nuestro esfuerzo denodado por salir de la crisis.

Abogados de empresas

Dec

26

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : December 26, 2012

El año ha sido difícil sin duda y de ello dan testimonio las muchas empresas y negocios que todavía han seguido cayendo. El ritmo de destrucción no es tan rápido como el de los primeros años de la crisis, claro, pero es que estadísticamente no era posible. Tras la escabechina inicial, las empresas que quedaron tocadas han aguantado un par de años más pero paulatinamente se les va acabando la gasolina.

La destrucción de empresas ha llevado aparejada la lógica destrucción de empleo y ninguna de las normas sobre reforma laboral, fiscal, emprendedores y otros asuntos, promulgadas por el gobierno central y distintos gobiernos autonómicos han tenido un efecto inmediato, como era de esperar.

No hemos pedido el rescate, pero tres bancos, uno de ellos muy importante, han tenido que ser nacionalizados. Los inversores de preferentes, desinformados o engañados, reciben ahora una propuesta de la UE que les deja bastante insatisfechos. Por otro lado, hemos podido tomar conciencia de la profundidad de la corrupción a todos los niveles y del dineral que se nos ha ido en los años de prosperidad en despilfarro o directamente en mangoneos de toda índole.

Aún así, todavía quedamos muchos de pie. España es un país moderno, de economía capitalista – aunque con una alto índice de intervencionismo – y, como tal, existe una iniciativa privada, propia y extranjera, muy potente. Han caído muchos, sí, pero el tejido empresarial aguanta aún el tipo. Si se baja a la arena se ven brotes verdes, que siempre los hay.

Hay gente que invierte. Zara sigue dando satisfacciones a sus socios. Los grandes bancos sobreviven gracias a sus inversiones exteriores, hechas a tiempo. Las farmacéuticas, aunque despiden trabajadores, siguen teniendo buenos resultados. Son multinacionales, que no tienen todos los huevos puestos en la misma cesta. Junto a ellas, hay muchas, muchas pymes que también han dado el salto fuera de uno u otro modo.

Las cifras de exportaciones han aumentado, lo cual no era difícil, porque eran bastante bajas, comparadas con el resto de países de nuestro entorno. Europa, África y Latinoamérica son nuestros destinos más fáciles. Incluso algunos valientes “han hecho el petate”, han cerrado su estructura en España y han empezado de nuevo en otros lugares.

¿Todavía queda alguien que no se dé cuenta de que para sobrevivir hay que internacionalizarse? Pensamos que somos pequeños, que no tenemos capacidad, que dónde voy a ir yo, si solo somos diez personas en la empresa, nos da miedo lo desconocido… Y ni siquiera nos hemos asomado a ello, ni lo hemos considerado como posibilidad. Nosotros mismos nos cerramos esa salida, que no es solo una necesidad presente, sino la única posibilidad futura.

Las Cámaras de Comercio y todos los organismos estatales con competencia en la materia están volcados en lograr la internacionalización de nuestras empresas. Hay muchísimos casos de éxito. Incluso muchos escépticos se han dado cuenta de que en muchos países menos desarrollados nuestros productos son estupendamente bien acogidos. Lo tienen más difícil las empresas de servicios, a no ser que se presten online, pero el empresario que a estas alturas no se haya planteado seriamente salir fuera, o es una rara avis, con un producto que no ha sufrido la crisis o no se entera. Perdonad la franqueza y la rudeza.

Como me decía a mí siempre uno de mis maestros, el no ya lo tienes, pero no puedes tirar la toalla sin haber hecho todo lo que estaba en tu mano. Requiere tiempo, un buen asesoramiento y, por supuesto, invertir algo de dinero. De lo contrario, nos sentamos solo a esperar que nos toque también a nosotros.

Este año tuve la oportunidad de viajar a Perú. Vi un país dinámico, vivo, intenso, cuidado en muchos aspectos, en construcción, bien preparado. Por supuesto existen aún grandes bolsas de extrema miseria que no han sido erradicadas. Pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, lo que une este país con Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, en una especia de UE sui generis. Además, cuenta con un tratado de libre comercio con Brasil que lo convierte en un socio estratégico para este país, que busca su salida al Pacífico a través de la costa peruana.

Tecnológicamente están a la última. Su relación con algunos países asiáticos es envidiable. Son muchos kilómetros de distancia, pero el 98% de los coches son coreanos, japoneses o chinos. El turismo crece, aunque aún está a años luz de las cifras de España. Llevan ya muchos años de estabilidad y tranquilidad, desde la erradicación a sangre y fuego del terrorismo. Tienen una estabilidad que puede sorprender, pero quien lo conoce en profundidad, lo atribuye a la concentración del poder económico y, por tanto, político, en un grupo pequeño de familias que ha apostado por el desarrollo.

Creo que se trata de un destino muy apetecible. Son muchos los compatriotas que han llegado allá, de muy distintos sectores económicos. El país tiene un potencial minero brutal; la construcción está en auge y no dan abasto para superar el déficit habitacional que acumulan; se están desarrollando todo tipo de infraestructuras, donde las empresas españolas son especialmente bien recibidas; son fuertes en pesca, se come muy bien y son extremadamente amables y responsables, puntuales, serios, en definitiva, buenos profesionales.

Nuestro despacho ha suscrito diversas alianzas con consultores, abogados y demás profesionales necesarios para hacer un desembarco ordenado. Un buen estudio de mercado y una organizada misión comercial pueden ser los primeros pasos para caminar seguro, antes que lanzarse a la aventura a tontas y a locas. En poco tiempo te puedes encontrar con un nivel de gastos altísimo y ninguna productividad.

Tenemos ya varios clientes aterrizados y con éxito de ventas en Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Sudáfrica. Las fórmulas son muy diversas. Seguramente al principio lo más económico sea buscar un buen distribuidor para el producto de que se trate, pero hay que seleccionarlo muy bien. Igualmente crucial puede resultar la búsqueda de un proveedor clave o de un socio local, si se necesitan sus contactos comerciales o su capacidad productiva.

Sigue siendo tiempo de construir, más aún cuanto más aguda sea la crisis que nos aqueja. Cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad y la primera es sacar nuestras empresas adelante, no tirar la toalla y buscar siempre las salidas más adecuadas, contando para ello con el mejor asesoramiento posible. Este es nuestro empeño, renovado para el año que empieza.

¡Feliz 2.013!

www.ccmabogados.com

Nov

19

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : November 19, 2012

El viernes 16 de noviembre entró en vigor el Real Decreto-ley 27/2.012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE-A-2012-14115.pdf) que, resumidamente, establece lo siguiente:

1.- Se suspende cualquier lanzamiento acordado en un proceso de ejecución hipotecaria, que afecte a la vivienda habitual de personas que se encuentren en uno cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Familia numerosa.

b) Padre o madre solo/a con al menos dos hijos a su cargo.

c) Familia con al menos un menor de tres años.

d) Familia con al menos un miembro – o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, que conviva con la familia – discapacitado (discapacidad superior al 33%), dependiente o incapaz de trabajar.

e) Deudor hipotecario en paro y sin prestaciones por desempleo.

f) Familia en la que exista una víctima de violencia de género.

2.- La suspensión durará hasta el 16 de noviembre de 2.014, día a partir del cual podrá llevarse a cabo el lanzamiento, si no se acuerda antes la prórroga de este Real Decreto-ley.

3.- Además de las circunstancias relacionadas en el apartado 1, deberán concurrir todos los siguientes requisitos:

a) Que los ingresos totales de la familia sean iguales o inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en el 2.012 está fijado en 532,15 € al mes. En la actualidad, por tanto, el límite está en 1.596,45 €/mes.

b) Que en los últimos cuatro años anteriores a la solicitud la familia haya visto multiplicado por 1,5 el porcentaje de la renta familiar dedicado al pago de la vivienda habitual.

c) Que la cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos netos de la familia.

d) Que la ejecución hipotecaria provenga de un préstamo concedido para la adquisición de la única vivienda actualmente propiedad de la familia y que fuera concedido precisamente para la adquisición de esta vivienda.

4.- Todo lo anterior deberá acreditarse presentando los justificantes de todas las circunstancias exigidas, tal y como establece el Real Decreto.

5.- Esta medida será de aplicación a todos los procesos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiese ejecutado aún el lanzamiento.

Ejecuciones hipotecarias

 

Apr

27

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : April 27, 2012

El pasado 16 de abril el Ministerio de la Presidencia dictó dos órdenes (PRE/773/2012 y PRE/774/2012), que se publicaron en el BOE al día siguiente (http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5182.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5183.pdf) por las que se publicaron los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas.

Las principales novedades que introduce sobre las normas anteriores son:

-          Solo podrá destinarse la financiación obtenida por esta vía a atender el principal de las deudas, no los intereses, ni las costas judiciales ni gastos accesorios.

-          Se establece el siguiente orden de prioridad en el cobro:

  • Por antigüedad.
  • Las que correspondan a Pymes y autónomos y dentro de estas por antigüedad.
  • Las que se hayan reclamado judicialmente. (*)

-          Se dice que los contratistas podrán comunicar su disponibilidad a efectuar quitas sobre su deuda, pero no se establece este hecho como criterio para adquirir preferencia en el cobro, lo que lo hace inútil.

-          Hay que recordar que solo van a poder acceder a esta financiación las entidades locales y comunidades autónomas que hayan presentado su plan de ajuste, que deberá ser valorado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sin embargo, se introduce una novedad: se habilitará un instrumento para garantizar el pago a los contratistas de las entidades locales que no concierten la operación de endeudamiento prevista en este mecanismo, de modo que no se queden sin cobrar porque el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma de turno no presente su plan o este no sea aprobado por el Ministerio.

-          Todas las entidades locales y comunidades autónomas deberán acogerse a este mecanismo antes de fin de año.

Recomendamos encarecidamente a todos los afectados que hagan un seguimiento muy de cerca de las entidades locales y comunidades autónomas que les adeuden cantidades, para conocer:

-          Si su deuda está incluida en la lista presentada al Ministerio.

-          Si ha presentado ya su plan de viabilidad.

-          Si el Ministerio lo ha aprobado y, por tanto, les ha concedido el acceso al mecanismo de financiación.

-          La fecha estimada de cobro.

(*) La expresión utilizada en estas dos órdenes, en su literalidad, es contradictoria con el contenido del Real Decreto, que establecía como criterio de preferencia para el cobro el que se hubiera exigido el pago ante los tribunales de justicia, sin especificar en qué fase debía encontrarse el procedimiento. Ahora las órdenes utilizan la expresión “que hayan instado la ejecución de su derecho de cobro ante los Tribunales”, lo que podría provocar el equívoco de que se haya iniciado lo que en el argot procesal se denomina la fase ejecutiva. Entendemos que se trata de una redacción poco precisa que en modo alguno puede modificar la previsión del Real Decreto, que es una norma superior. Debemos seguir entendiendo que esta preferencia se aplicará a cualquier deudor que haya exigido judicialmente su deuda, sea cual sea la fase en que esta se encuentre.

Apr

20

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : April 20, 2012

Esta vez le ha tocado el turno a la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3ª, que el día 1 de febrero de 2.012 dictó un Auto estimando el Recurso de Apelación presentado por la parte ejecutada, que se había opuesto a la continuación de la ejecución cuando ya se había subastado el bien y se había adjudicado a la entidad ejecutante, por haber quedado desierta la subasta.

No es que sea loable, sino escrupulosamente legal, que el tribunal busque alcanzar la justicia material. Esta debe ser, de hecho, el fin subyacente en todas y cada una de las resoluciones que se dicten, tratando de dar al supuesto que se le plantea una respuesta “justa”, que es lo que, en definitiva, buscan las partes que acuden a la administración de justicia. Y es claro, mucho más en los últimos tiempos, que nuestros tribunales civiles, cuando tienen que enfrentarse a la avalancha de ejecuciones hipotecarias y consiguientes desahucios, con su gran carga de drama personal, sienten en sus carnes la enorme insatisfacción que les genera la aplicación de la legislación procesal e hipotecaria tal y como está redactada hoy en día.

Es esta búsqueda de la justicia material lo que está llevando a nuestros juzgados a buscar, de forma no solo ingeniosa, sino técnicamente rigurosa (sí, unas veces más y otras no tanto), alternativas a la aplicación literal de la ley. Chocan con una enorme dificultad, la dicción literal de la ley que, además, ha sido confirmada con la actitud del legislador, que no ha acogido hasta hoy la pretensión popular de permitir que los créditos hipotecarios se cancelen con la entrega del bien hipotecado y basta, sin que pueda continuarse después la ejecución contra el resto del patrimonio del deudor.

Es más, el legislador ha hecho ya dos reformas del sistema hipotecario procesal; en la primera, introdujo modificaciones de cierta relevancia a través del Real Decreto Ley 8/2011, de 7 de julio, subiendo al 60% el valor mínimo que ha de atribuirse al bien que se adjudica el ejecutante cuando la subasta ha quedado desierta; y en la segunda, mediante el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, aprobó medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, contemplando la dación en pago como opción (véase nuestra entrada de fecha 27 de marzo de 2.012). Es evidente, por tanto, que el legislador tampoco es insensible a la situación, pero ha optado por dejar las cosas como están, aunque con matices. Y esta opción legislativa no puede ser ignorada por los tribunales a la hora de aplicar la ley al supuesto concreto.

Para que nadie se haga falsas ilusiones, quede claro que, hasta la fecha, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se han ocupado de tumbar todas las opciones de quienes han defendido la injusticia de una norma que permite a un acreedor hipotecario adjudicarse el bien hipotecado por un valor y continuar la ejecución contra el patrimonio del deudor por la parte de la deuda no cubierta. La parte positiva es que si nuestros más altos tribunales han tenido ocasión de pronunciarse sobre estas cuestiones es porque los Juzgados de Instancia y las Audiencias Provinciales están dictando resoluciones que ponen cada vez más enérgicamente en duda la simple aplicación literal de una norma que les parece injusta.

Seguramente haya más, pero nosotros conocemos al menos tres pronunciamientos de Audiencias Provinciales que se han ocupado recientemente de este asunto, siendo la más reciente la citada al inicio. En los tres casos se celebró la subasta y quedó desierta.

La primera de estos pronunciamientos, una bomba mediática, la dictó la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, el 17 de diciembre de 2.010: el banco optó por adjudicarse el bien por el 50% de su valor y pretendió continuar ejecutando contra el patrimonio del deudor por la parte no cubierta. La Audiencia consideró que el banco se había adjudicado un bien cuyo valor sí cubría la deuda en su totalidad, independientemente de que nadie ofreciera por él ni siquiera el 50% del valor que se le atribuyó en la escritura de constitución de la hipoteca.

Crítica a esta fundamentación: De este argumento la duda que nos surge es cuál es el criterio que tomamos como referencia para determinar el valor de un bien, puesto que dicho valor, por definición, es cambiante. Ya anticipo que el criterio lo ha fijado estupendamente bien, en nuestra opinión, la Audiencia Provincial de Córdoba: se trata del valor de mercado. Puede que en el momento de constituir la hipoteca el valor del bien fuera el que se le atribuyó, pero ese valor puede cambiar, subir o bajar y es el valor que tenga en el momento de la adjudicación el que ha de servir como referencia para saber cuál es la parte de la deuda que se cancela. El precio alcanzado por el bien en la subasta puede servir como referencia, pero cierto es que tampoco es un criterio seguro, porque en una subasta, normalmente, el precio que alcanzan los bienes ejecutados es menor que el que alcanzarían en una venta de mercado normal y corriente.

La Audiencia Provincial de Gerona no se quiso quedar atrás y el 7 de abril y el 16 de septiembre de 2.011 dictó dos Autos que prolongaban la tendencia. No aludiremos al primero de ellos, por lo particular del caso, que lo hace difícilmente extrapolable, pero sí al segundo, que contó, además, con un voto particular, contrario al sentir mayoritario de la Sala. Por la misma razón que la de Navarra y con argumentos legales tales como la doctrina de los actos propios, la Ley de Consumidores y Usuarios, el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto y la búsqueda de la justicia material, concluyó que no cabía seguir adelante con la ejecución, por entender que el valor del bien atribuido al banco ejecutante era, precisamente, el que constaba en la escritura de constitución de la hipoteca.

Crítica a esta fundamentación: se contiene en el voto del magistrado discrepante que, eso sí, manifiesta su simpatía personal por las conclusiones alcanzadas por sus compañeros, hace alusión a la doctrina del Tribunal Supremo, que se opone frontalmente a estas consideraciones. Citando, entre otras, la sentencia de 25 de septiembre de 2.008, rebate uno por uno todos los argumentos y apela a la literalidad de la ley y a los últimos cambios legislativos habidos, ninguno de los cuales ha modificado los artículos que permiten la continuidad de la ejecución.

Finalmente nos referimos al Auto de la Audiencia Provincial de Córdoba, en nuestra opinión la más convincente, pero cuyo supuesto de hecho contiene un dato que lo hace diferente. El banco se atribuyó el inmueble por el 60% de su valor en escritura. Pero en este caso las partes ejecutante y ejecutada, que habían negociado una solución al margen de la ejecución, encargaron una tasación a una entidad de reconocido prestigio, muy próxima a la fecha de la subasta, en la que se determinó un valor del inmueble muy superior al 60% de la deuda. Defiende en este caso el juzgador que “el importe de la adjudicación tiene que estar objetivamente relacionado con el valor real del bien adjudicado” y que la expresión “producto insuficiente” contenida en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe interpretarse como valor real del bien en el momento de la adjudicación. Y, como cuenta con un elemento probatorio consistente para fijar dicho valor – la tasación – lo toma como referencia para determinar qué parte de la deuda queda cancelada como consecuencia de la atribución del bien mediante subasta. Entre el valor de mercado que parece desprenderse de la subasta desierta y el valor de mercado que atribuye al bien un experto independiente, opta con buen criterio por este último.

Crítica a esta fundamentación: Este Auto sí nos da una pista válida y útil en la práctica, aunque tiene como presupuesto que la tasación obtenida dé como resultado un valor del bien superior al 60% de la deuda, que es el valor “suelo”, por debajo del cual el ejecutante no puede adjudicarse el bien.

Se van afinando los criterios legales y esto nos lleva a animar a todos los que siguen peleando en busca de una respuesta más justa a sus situaciones. Mucho ánimo.

www.ccmabogados.com

 

Mar

27

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : March 27, 2012

Al definir el ámbito de actuación (artículo 2), la norma que comentamos dice que es de aplicación a deudores hipotecarios situados en el umbral de exclusión, que queda definido por la concurrencia simultánea de seis circunstancias verdaderamente extremas, aunque seguramente no infrecuentes. Nos remitimos al contenido del Real Decreto para evitar repetir aquí pormenorizadamente cada una de tales circunstancias (artículo 3). Puede consultarse en el siguiente link: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf

                Primera duda: ¿Es de aplicación a empresarios que no son propietarios directamente de su vivienda habitual, sino que lo son a través de sociedades patrimoniales y que igualmente están siendo objeto de ejecución hipotecaria?

Algunas de las medidas que prevé el Real Decreto:

1.- Moderación de los intereses moratorios, que quedan limitados a la suma de los intereses remuneratorios más un 2,5% sobre el capital pendiente del préstamo.

Segunda duda: No entendemos si la fórmula prevista es interés remuneratorio + 2,5 puntos porcentuales o interés remuneratorio más un total del 2,5% del capital pendiente de amortizar. Es decir, si el interés remuneratorio está situado en el 4,5%, la primera interpretación situaría el remuneratorio en el 7%; la segunda, en cambio, lo situaría en el 4,5% y el total final no podría en ningún caso superar la suma de los intereses remuneratorios pactados más el 2,5% del capital pendiente de amortizar.

2.- Se crea un Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras se han de adherir, siendo esta adhesión totalmente voluntaria.

Su aplicación se limita a viviendas de un determinado valor según el tamaño de la población en que se ubiquen (artículo 5.2)

3.- Se eximen del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados las escrituras que se otorguen como consecuencia de este Real Decreto y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las plusvalías que se obtengan como consecuencia de la dación en pago del bien.

Contenido del Código de Buenas Prácticas:

a) Obligatorio para la entidad financiera:

1.- No cabe acogerse al mismo si ya se ha anunciado la subasta en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

2.- La entidad financiera debe elaborar y notificar un plan de reestructuración aplicando conjuntamente las siguientes medidas:

                – Carencia de capital de cuatro años.

                – Ampliación del plazo de amortización hasta un máximo de 40 años.

                – Reducción del tipo de interés a Euribor + 0,25 durante el plazo de carencia de cuatro años.

3.- Se aplicará la dación en pago, a los doce meses de haberse solicitado el plan de reestructuración, cuando se considere que este es inviable, aun aplicando la quita que luego se dirá, siempre que lo solicite el deudor y mientras no se haya anunciado la subasta en el procedimiento de ejecución hipotecaria, siempre y cuando no existan cargas posteriores sobre la vivienda.

b) Potestativo para la entidad financiera, cuando se considere que el plan de reestructuración es inviable y, además, lo solicite el deudor:

                – Quita en el capital pendiente de amortizar. Esta medida será aplicable aunque se haya anunciado ya la subasta.

En caso de aplicarse, la dación en pago supondrá:

1.- La cancelación definitiva de la deuda.

2.- La cancelación definitiva de las responsabilidades personales del deudor y de terceros.

3.- La posibilidad para el deudor de permanecer en la vivienda, como arrendatario, durante dos años, con una renta del 3% del importe total de la deuda en el momento de la dación.

                Tercera duda: ¿Se entiende que el 3% de la deuda total es la renta total para los dos años de duración del arrendamiento?

Hasta la fecha se han publicitado ya las adhesiones a este Código de Buenas Prácticas por parte del Banco Santander y CatalunyaCaixa.

www.ccmabogados.com

Mar

16

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : March 16, 2012

El primer paso lo constituyó el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, del que ya tuvimos oportunidad de informar, por el cual se determinaron las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Ayer concluyó el plazo inicial para que las entidades locales remitiesen sus listados de deudas al Ministerio de Hacienda.

Pues bien, dicho mecanismo ha sido creado por medio del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, publicado en el BOE del día 10 (http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3395.pdf).

Las principales novedades que ofrece este Real Decreto son las siguientes:

-          Hace extensible el mecanismo a las Comunidades Autónomas, que habían quedado excluidas inicialmente de esta excepcional medida. Ello ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 6 de marzo de 2.012. Para acogerse a este mecanismo cada Comunidad Autónoma deberá asumir expresamente dicho acuerdo en su Consejo de Gobierno.

 -          Durante el año 2.012 el Fondo desembolsará mil quinientos millones de euros, siendo la aportación total prevista de seis mil millones.

 -          La disposición de la financiación concedida a las Administraciones territoriales se hará mediante el pago directo a los proveedores.

 -          Se aclara que el Fondo se utilizará también para pagar deudas derivadas de los contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

 -          Si se hubiera pactado un pago fraccionado con la entidad local o comunidad autónoma de turno, el sistema se aplicará a toda la deuda pendiente de pago en el momento en que se emita por el interventor la relación certificada.

 -          Quedan excluidas las entidades locales de País Vasco y Navarra, debido a sus especialidades forales.

Por su parte, hoy se han publicado en el BOE (http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3750.pdf) los modelos de solicitud del certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de las entidades locales y del certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de las entidades locales.

Recomendamos adjuntar a la solicitud de certificado copia de la documentación que justifica el crédito cuyo reconocimiento se pretende, para una más fácil identificación.

Recordamos que la no emisión del certificado por parte de la entidad local de turno, en un plazo de quince días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro lleva aparejado el reconocimiento automático del crédito y que la entidad local tiene la obligación de remitir mensualmente un listado con todas las peticiones de certificados recibidas, indicando las que ha aceptado, las que ha rechazado y las que no ha contestado, todas ellas correspondientes al mes anterior.

Reclamación de deudas

 

Mar

13

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : March 13, 2012

Si uno lee la Síntesis de Indicadores Económicos que el Ministerio de Hacienda ha publicado el pasado mes de enero (http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/TEXTOS/SIE/siepub.pdf) no puede por menos que asustarse: la economía española se contrae, la demanda disminuye, el consumo mantiene un tono de debilidad, la tasa de ahorro de las familias prolonga el perfil descendente, el mercado inmobiliario mantiene sus bajos niveles de actividad, la producción industrial acentúa la caída, la confianza y el empleo disminuyen, la actividad en los servicios flexiona a la baja, el mercado laboral intensifica el retroceso…

Si continúas con las estadísticas publicadas por el SEPE con respecto al mes de febrero (http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/datos/datos_2012/AV_SISPE_1202.pdf), las sensaciones no son mejores: El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de febrero, se ha incrementado en 112.269 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el aumento del paro es de un 2,44%.

Todos sabemos, además, que no se trata de meras estadísticas, sino de realidades de carne y hueso. Dentro de este contexto, me pareció enormemente significativa la noticia que se pudo leer en El País el día 29 de febrero: al hilo de la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno, hacía referencia a un hecho que, hace no muchos años, nos habría parecido intrascendente y, desde luego, que no merecía el espacio que este diario le atribuyó: una empresa de Getafe, TECNIDE, había contratado a un nuevo operario. Fin de la noticia. (http://economia.elpais.com/economia/2012/02/28/actualidad/1330458909_521446.html).

En medio de este desierto, ¿hay signos de recuperación, algo que nos haga concebir esperanza?, ¿las novedades legislativas?, ¿las iniciativas gubernamentales?, ¿el recorte del gasto público? Hay un dato que me parece significativo por encima de cualquier otro: ver personas que en medio de enormes dificultades, angustias y preocupaciones no bajan los brazos y continúan luchando por construir su entorno personal, familiar y social. Me llena de asombro la capacidad de lucha, de sufrimiento, de reinventarse, que tiene la gente. Debemos apostar siempre por la persona. Es el valor más seguro.

Tengo muy presentes en este momento iniciativas asociativas o empresariales que siguen surgiendo en medio de la tormenta, empezando por nuestro despacho, nacido en el corazón de la crisis, en el mes de junio de 2.009, pero también el Centro Gaudí de Madrid (http://centrogaudimadrid.blogspot.com/), iniciativa de un padre de familia, con cuatro hijas y parado ya casi de larga duración, que no pierde el gusto por la belleza; o la iniciativa de la Casa de San Antonio de Fuenlabrada (http://www.casadesanantonio.es/es/index.html), que firmó un convenio con la Comunidad de Madrid para impartir cursos formativos a mujeres, que luego han hecho prácticas en empresas, entre otras, la nuestra. Ha sido un placer colaborar con ellos y contar con el entusiasmo y el enorme deseo de estas trabajadoras.

La labor de estas personas, de cada uno de nosotros, me recuerda aquella de los monjes tras la caída del Imperio Romano, salvando todas las distancias. Llevaron a cabo una labor de reconstrucción paciente y silenciosa, al principio casi imperceptible. Duró siglos, pero pusieron los sólidos cimientos de lo que hoy tenemos. Cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad, hacer su trabajo bien y llevar adelante sus proyectos aún en medio de las incontables dificultades, buscando para ello los lugares, las personas, las instituciones que de forma más eficaz ayuden a construir.

www.ccmabogados.com