Apr

16

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : April 16, 2014

1. ¿Cuáles son las principales consecuencias para las empresas públicas locales derivadas de la ley?

Artículos 2 y 86.1. Las competencias municipales deberán ejercerse con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 85 ter. Todas las sociedades municipales deberán transformarse en una de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital, es decir, S.A., S.L. o Sociedad Comanditaria por Acciones.

Artículo 116 bis 1. Las entidades locales que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de deuda pública o la regla de gasto deberán formular un plan económico financiero de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda.

Artículo 116 ter 1. Todas las entidades locales deberán calcular antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan. Están pendientes de desarrollo los criterios de cálculo.

Disposición Adicional novena.

a) Mientras esté en vigor un plan económico financiero o un plan de ajuste, (i) se prohíbe la creación de nuevas sociedades de segundo nivel y (ii) se prohíbe a las entidades locales hacer aportaciones o aumentos de capital en sus sociedades preexistentes.

b) Las empresas municipales que a la entrada en vigor de la ley se encuentren en situación de desequilibrio financiero dispondrán de un plazo de dos meses para aprobar un plan económico de corrección de dicho desequilibrio. Dicho plan podrá prever aportaciones del ente municipal del que dependa solo si en el ejercicio inmediato anterior dicho ente municipal cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no superó en más de treinta días el plazo máximo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (Pueden consultar los distintos plazos máximos en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l3-2004.html#a4)

Si esta corrección no se hace antes del 31 de diciembre de 2014, la entidad local deberá disolver la sociedad dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de las cuentas anuales o a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014.

Si los servicios prestados por dichas empresas son esenciales, los anteriores plazos se extienden hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente.

c) Las empresas de segundo nivel que no estuviesen en situación de superávit a 31 de diciembre de 2013 deberán pasar a ser entidades de primer nivel o disolverse, en ambos casos, antes del 31 de marzo de 2014.

Si existiesen otros socios de las sociedades, los entes locales deberán vender su participación antes de dicha fecha.

Los anteriores plazos se entienden ampliados en un año cuando los servicios prestados resulten esenciales.

2. ¿En qué puede ayudar LIFE ABOGADOS a las empresas obligadas a tomar alguna de las medidas previstas en la ley?

  • A decidir cuál es la forma societaria más adecuada para cada caso y preparar la documentación necesaria para llevar a cabo la transformación.

  • A diseñar el plan económico de corrección del desequilibrio.

  • A formalizar la disolución, liquidación y extinción de la sociedad que incurra en causa legal de disolución.

  • A transferir los títulos del capital de las sociedades de segundo nivel a través de operaciones de compraventa, fusión, escisión, aportación de rama de actividad…, según los casos.

  • A resolver los conflictos sociales a que pueda dar lugar la implementación de la reforma, negociando con los trabajadores afectados los acuerdos correspondientes y, en su caso, asistiéndoles en los conflictos que se generen.

 3. ¿Por qué creemos que LIFE ABOGADOS puede resolver de manera eficaz estas necesidades?

  • Porque somos expertos en el asesoramiento a empresas
  • Porque contamos con profesionales punteros en los ámbitos mercantil, laboral y fiscal
  • Porque contamos con un equipo multidisciplinar, de economistas y abogados
  • Porque tenemos capacidad de actuar en todo el territorio nacional
  • Porque nuestra experiencia se extiende al ámbito estatal, a nivel de ayuntamientos, empresas, fundaciones…

4. Equipo de trabajo

  • Juan Sánchez Corzo, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Ignacio González Rivera, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Félix Álvarez – Arenas Guyón, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Ramón Navarro Quijano, departamento de reestructuraciones empresariales

  • Fernando Claro Casado, departamento laboral

  • José Luis Vázquez Pérez – Coleman, departamento laboral

  • Luis Alcoz Coll, departamento mercantil

  • Abel García Rodríguez, departamento fiscal

5. Nuestro CV en el Sector Público

  • SOGAMA

  • SEROMAL

  • Autoridad Portuaria de La Coruña

  • Autoridad Portuaria de Melilla

  • Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Oct

01

Posted by : Juan Sanchez Corzo | On : October 1, 2013

Comparto la opinión de muchos sobre la poca importancia que en términos relativos va a suponer para la economía española la reforma del sector público empresarial de ámbito local y sobre la necesidad de afrontarla al nivel de las comunidades autónomas, de mucho mayor calado. Los datos son claros a este respecto, aunque no haya sitio aquí para tratarlos. Confío en que así se haga en un futuro inmediato. En todo caso, muchos pocos hacen algo grande. Otro “poco” – este mucho más insignificante – se publicó el jueves 26 de septiembre en el BOE (Real Decreto 701/13, de 20 de septiembre - http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9968.pdf). Cualquier iniciativa en este sentido sea bienvenida.

Se ha empezado por la administración pública menos problemática en términos de déficit. El proyecto de ley, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria, parece muy duro con la supervivencia de empresas públicas municipales, mancomunidades y demás organismos públicos, especialmente los de segundo nivel. Los plazos que impone para el cierre de los deficitarios son tajantes. Si el proyecto sale indemne de su tramitación parlamentaria – quiero decir, sin grandes cambios – sería realmente un buen instrumento de reestructuración, independientemente de que, como pasa siempre, acaben pagando justos por pecadores y caigan empresas y entidades útiles.

Los principios informadores que están detrás de la reforma son dos:

(i) Extender el control de los interventores municipales a todas las actividades que desarrollen los ayuntamientos, ya lo hagan directa o indirectamente. Actualmente la actividad de las empresas públicas y otras entidades de segundo nivel escapa al control de estos órganos de supervisión.

(ii) La reducción del déficit, reduciendo las estructuras superfluas y aplicando también un criterio de subsidiariedad: que no haga el Estado lo que pueda hacer la iniciativa privada. En muchos casos nos encontramos con entidades públicas que gestionan servicios básicos (suministro de aguas, gestión de algunas infraestructuras, recogida de residuos), donde la conveniencia de privatizar la gestión puede discutirse, como está pasando en la sanidad madrileña, pero en muchos otros nos encontramos a esas entidades realizando actividades mercantiles como si de un competidor más se tratara o realizando labores que bien podría prestar un ente privado. Entre los servicios públicos esenciales que se prestan muchos lo son por parte de entidades controladas por los municipios. La gestión empresarial de las mismas resulta a veces muy deficitaria y no porque no tengan buenos gestores. Los hay buenos y malos, como en todas partes. Es que el interés que prevalece muchas veces – impuesto por el municipio – no es el empresarial, sino el político y eso trae consecuencias nefastas: se multiplica el gasto y la ineficiencia. Y el empresario estatal es reo de intereses que no están directamente asociados con la gestión empresarial: imagen, riesgo político, paz social…

Hay empresas municipales en las que, en la actualidad, con la que ha caído y sigue cayendo, los convenios colectivos se están negociando en términos de cuánto subimos los salarios este año. Inconcebible, ¿verdad? Hemos visto cómo durante cinco años se ha destruido el tejido empresarial, cómo las empresas han mandado al desempleo a millones de personas, mientras que las plantillas “públicas” no han sufrido en la misma proporción y lo han hecho con años de retraso. ¿Cómo explicarlo? No se gestiona igual cuando el dinero que se gasta sale de tu bolsillo que cuando sale de otros bolsillos.

Por lo tanto, sin entrar en este foro en cuestiones técnicas que serían discutibles y suscitarían un debate muy interesante, valoro muy positivamente la reforma. Es un comienzo. Espero que no se pare aquí.

 

 

Abogados especializados en la reestructuración de empresas públicas